El porque de la Intifada

GEMA MARTÍN MUÑOZ

Desde octubre pasado, el denominado proceso de paz palestino-israelí ha vuelto a tornarse en conflicto y agresión, devolviendo esta cuestión al estadio anterior a Oslo. Pero lo que está ocurriendo en la actualidad no es una simple revuelta cuya solución consista en resolver una crisis en términos de seguridad —como la repetida focalización en el "cese el fuego" se empeña en plantear—, sino que es, ante todo, un síntoma político, y su resolución debe ser fundamentalmente pensada en términos políticos.

La provocación consentida de Ariel Sharon y la —desde un primer momento— desmedida represión de las fuerzas militares y de seguridad israelíes han prendido la mecha de una frustración y descontento cuyo poso ha ido alimentándose de manera intensiva en los años precedentes, fruto de un marco negociador que se ha traducido mucho más en seguridad que en territorios, y en el que los palestinos nunca han sido vistos como socios, sino como un riesgo para la seguridad que había que contener.

En consecuencia, territorialmente, el proceso de paz se ha centrado en satisfacer la concepción de seguridad israelí. Esto es, conservar territorio sin población palestina y aislar los pedazos de territorio bajo control palestino. El reducido traspaso territorial a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se ha limitado al 60% de la banda de Gaza y a las siete principales ciudades de Cisjordania (3% del territorio, donde se concentra el 70% de la población), mientras que en Hebrón, habitado por 140.000 palestinos, Israel ha conservado el 20% de la ciudad para una colonia de 400 judíos instalados en pleno centro urbano.

En el 24% restante de Cisjordania, a los palestinos sólo se les ha concedido la gestión municipal, en tanto que Israel conserva la seguridad. En consecuencia, Israel ha conservado el control absoluto sobre el 69% del territorio cisjordano, donde sólo habitan unos 2.000 palestinos, y el 30% del de Gaza, donde 6.000 colonos controlan el 42% de las tierras cultivables (y el 58% restante es para 1.200.000 palestinos). Mientras tanto, se ampliaban las colonias judías y se construían más carreteras para colonos, encerrando aún más el territorio bajo control palestino en islotes inconexos.

En los acuerdos de Wye Plantation (1998), Israel no cumplirá el repliegue acordado para ampliar el territorio palestino de Cisjordania hasta el 13 , pero Arafat sí cumplirá con celo los acuerdos sobre seguridad allí decididos, por los cuales la ANP se comprometió, a petición de Israel y con ayuda de la CIA, a perseguir y encarcelar a los contrarios a Oslo, principalmente los militantes de Hamás (en tanto que en Israel los contrarios al proceso de paz son invitados a formar parte de los Gobiernos).

En conclusión, a la exigüidad del territorio devuelto a los palestinos se sumará su extrema discontinuidad y fragmentación en pequeñas porciones, de manera que se va a reducir drásticamente la libertad de desplazamiento de los palestinos fuera de los islotes bajo control de la ANP, en tanto que aumentará la capacidad israelí de aislar y encerrar a dichos palestinos no ya dentro de Cisjordania y Gaza como antes, sino incluso en su minúscula aldea o ciudad. El numantino sitio al que Israel está sometiendo a los palestinos actualmente así lo demuestra, excediendo con mucho la situación vivida en los peores momentos de la anterior Intifada entre 1987 y 1993.

Por ello, la aparentemente generosa propuesta que se dice que Barak hizo a Arafat en Camp David no podía tener viabilidad para los palestinos. Según publicó el periódico israelí Haaretz, la propuesta israelí se basó en la oferta del 90% de Cisjordania a cambio de anexionarse un 10% en el que se agruparía el 80% de los colonos (y 40 pueblos palestinos con 80.000 habitantes de futuro incierto).

Otros 40.000 colonos quedarían en lo que se denominó settlement clusters , que son aquellos situados en el centro de los territorios palestinos y que quedarían como islas de soberanía israelí. De acuerdo con este plan, Palestina sería un conglomerado de guetos territoriales separados por colonias, carreteras y controles israelíes con capacidad para sitiar a los palestinos cuando la seguridad israelí lo decidiese; además, esta propuesta israelí iba unida a que los palestinos renunciasen al control de las principales arterias de transporte y del valle del Jordán.

Para mayor inri, ningún reconocimiento de los refugiados palestinos por parte israelí se consiguió en Camp David. Así, llegado ese momento, se podría decir que la cuestión de Jerusalén no fue más que el escenario grandilocuente tras el que se levantaba un proyecto americano-israelí de una Palestina inviable.

Pero esa inviabilidad no es sólo político-territorial, sino también económica. En el proceso de paz, los israelíes han cedido a los palestinos la jurisdicción en los ámbitos de sanidad, educación y bienestar social, de manera que se han desembarazado de dichos gastos y responsabilidades, pero se han negado a la creación de un banco central palestino y a la emisión de una moneda palestina propia, manteniéndose el shekel israelí como moneda de curso legal.

Se aceptó la construcción de un aeropuerto y de un puerto en Gaza (con financiación europea), si bien el atraque de buques y el vuelo de aviones sigue sometido a la autorización israelí. El sistema fiscal acordado establece que el 60 de los impuestos que deben ser recaudados por los palestinos es recogido en primera instancia por Israel y transferido posteriormente a la Autoridad Nacional Palestina.

De esta situación se deriva una insoportable dependencia Palestina de Israel, que retrasa o suspende las transferencias según su criterio, como está haciendo en la actualidad. A esto se añade que en torno al 92% de las tierras agrícolas y el 80% de los recursos hídricos de los territorios palestinos siguen bajo dominio israelí.

El control en materia de empleo y comercio por parte de Israel sigue siendo también una constante. Los territorios palestinos son un mercado cerrado al comercio exterior y una cantera de mano de obra barata para Israel supeditada a su sistema productivo (más del 40 de los trabajadores palestinos ganan sus salarios en este país en sectores poco cualificados, como construcción, industria textil y agricultura).

Su escasa productividad procede de la imposición israelí de normas que protegen la potencial competencia palestina para sus industrias. Así, mientras las exportaciones palestinas a Israel son muy reducidas, el gran contingente de importación que los palestinos tienen que realizar procede en su 90% de Israel. De ahí la capacidad israelí de estrangular económicamente a los palestinos como está ocurriendo hoy día, pudiendo desencadenarse un escenario catastrófico de hambre y enfermedades.

Los colonos, población judía civil armada, han incentivado sus agresiones no sólo contra la población palestina, por supuesto, sino también contra los campos de olivos en plena campaña de recogida de la aceituna, clave en la economía palestina, y mientras Israel pide a la ANP que contenga las manifestaciones, los palestinos no ven que los militares contengan la violencia de los colonos.

Y no hay que olvidar que esa población de colonos está implantada ilegítimamente en territorio palestino y que sus miembros provienen de los sectores fundamentalistas judíos más ultras de Israel, con una mentalidad violentamente antipalestina y que disponen de un amplio armamento y protección militar. Es decir, no se trata de una pobre población acosada por elementos invasores que les atacan —a ellos y a "sus" tierras—, tal y como la propaganda israelí, en su siempre muy diestra habilidad para lograr invertir la realidad, ha logrado filtrar en muchos medios de comunicación.

Es por todas estas recalcitrantes realidades lo que plantear el enderezamiento de la situación actual en función de recuperar la cooperación palestino-israelí en materia de seguridad y de encarrilar a la población rebelde palestina en el marco de los acuerdos de Oslo y las propuestas de Camp David es, además de vergonzante, muy poco realista.

Es el rechazo a este marco, utilizado como camuflaje para perpetuar la ocupación y control israelíes, lo que ha precipitado la Intifada actual. Dicha Intifada, lejos de ser objeto de la manipulación de un perverso Arafat que sacrifica a sus niños para perjudicar la imagen de Israel, como han expuesto también muchos medios de comunicación voluntariamente manejados por el influyente lobby israelí, ha procedido tanto de un movimiento de masas políticamente desorganizado, compuesto principalmente por jóvenes entre 15 y 25 años, como de sectores armados irregulares (armados quiere decir que tienen pistolas y metralletas frente a los tiradores de elite y los sofisticados tanques, helicópteros y mísiles israelíes).

La estructura organizativa del levantamiento está siendo provista por un bloque de fuerzas de oposición nacionalistas e islamistas en conjunción con Al Fatah, que viene a ser algo así como el partido gubernamental palestino. Esta coalición está dominada por el sector Tanzim de Al Fatah sobre la base de un entendimiento informal con la oposición. Las relaciones entre dicha coalición y el Gobierno palestino no son de independencia, pero tampoco de subordinación; más bien varían según la zona y según las circunstancias lo piden o permiten.

Probablemente, Israel está determinado a continuar las radicales presiones políticas, económicas y militares hasta que la ANP acepte volver al marco de Camp David o logre imponérselo con la ayuda estadounidense y la hiriente ausencia europea como parte de pleno derecho en la mediación. En ese punto, los palestinos estarán cada vez más decididos a convertir el levantamiento en una auténtica guerra de liberación nacional de grandes consecuencias en la zona.

Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid.