Y ahora el informe Mitchell

Acabar con la Intifada, no con la ocupación

Posos observadores esperaban real­  mente algo original del así llamado  "Informe Mitchell". En primer lugar, la controvertida selección de los miembros de la Comisión Mitchell, de la que quedó excluido Nelson Mandela, ya permitía suponer  cuáles eran los objetivos reales del informe. Encabezada por el senador George Mitchell, la Comisión había sido constituida poco después de la cumbre del pasado mes de octubre en Sharm el-Sheij, a la que acudieron Egipto, Jordania, la Autoridad Nacional Palestina  (ANP), EEUU, la Unión europea e Israel.

 Tras la publicación del informe, resultó claro que su principal era el de acabar con la Intifada. Aunque el  documento hacía un llamamiento a Israel para que detuviera la construcción y ampliación de los asentamientos judíos en los territorios Ocupados no reconocía la responsabilidad  israelí por el estallido de la  actual ola de violencia o las  muertos  de civiles palestinos. Por otro lado, al pedir a Arafat y a los palestinos que “ pusieran fin a la violencia",el informe aceptaba, de  echo, las tesis sionistas que hacen recaer la culpa de la "violencia" a los palestinos y que reservan a Israel el papel de  mantener la seguridad" .

El informe, sin embargo, no hacía un llamamiento paralelo a la parte israelí para que detenga las atrocidades de sus tropas y de los colonos contra los palestinos, y mucho menos una petición para que Israel ponga en libertad a los miles de presos pa­lestinos que permanecen en una situación de “detención preventiva" en sus cárceles. La exigencia a Arafat para que impida a los medios de comunicación palestinos informar acerca de la Intifada no se vio tampoco  acompañada de una petición al gobierno de  Ariel Sharon para que ponga fin a la campa­ña de odio e incitaciones que la prensa  israelí viene­ desarrollando en los últimos  meses. Por otro lado, mientras que el informe llama a la "cooperación entre las fuerzas de seguridad palestinas e israelíes", su publicación coincidió con el asesinato de cinco policías palestinos por soldados israelíes en un área donde no había tenido lugar ningún episodio de violencia, hecho éste que muestra a las claras las falsas premisas en las que se basa el documento.

En suma, si alguien lee el informe se dará cuenta que no difiere demasiado de una declaración de prensa publicada en Tel Aviv o en Washington. En él, se dice concretamente que "la Autoridad Nacional Palestina debe dejar claro tanto a palestinos como israelíes, a través de acciones concretas, que el terrorismo es condenable e inaceptable. La Autoridad Nacional Palestina debe de realizar un esfuerzo al 100% para impedir operaciones terroristas y castigar a sus perpetradores. Este esfuerzo debe incluir pasos inmediatos para arrestar y encarcelar a los terroristas que operan dentro de la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina “.

El informe hace pensar a un lector no avezado en el conflicto de Oriente Medio que los palestinos son ocupantes ilegales de un territorio israelí y que también son Ir que perpetran crímenes contra una población civil israelí indefensa a la que bombardean con aparatos modernos de tecnología avanzada. Cuando alguien lee el párrafo del informe en el que se dice que "algunos palestinos parecen no entender el grado de temor que crea el terrorismo entre la población israelí", el lector también sacaría la impresión de que los palestinos son quienes atacan a las ciudades israelíes con tanques y artillería, destruyendo sus hogares, hospitales, centros educativos y edificios públicos, o quiere. asesinan impunemente niños en las calles. Asimismo, podría pensar que los palestinos han sometido a las ciudades israelíes a un cerco cruel que no deja pasar alimentos o medicinas, o que lo, palestinos arrasan los campos de cultivo de los israelíes e impiden la exportación de sus productos al exterior. Sin embargo, este no es precisamente el caso.

El informe Mitchell no es sino el último de una serie de informes de investigación que han sido publicados en las pasadas décadas y, probablemente, tampoco será el último. En una fecha tan remota como 1919, el presidente norteamericano Wilson ordenó a una comisión -constituida por dos personas: el Dr. Henry King y Charles Crane- llevar a cabo una investigación acerca de los punto de vista los pueblos de Palestina, Siria e Irak a propósito de la constitución de un estado judío en esas tierras. Aquella comisión dictaminó que las reclamaciones sionistas sobre Palestina, " basadas en unos supuestos derechos  que se derivan de la ocupación judía de esos territorios hace 2.000 años, no pueden ser tomadas en ,serio", y advirtió que el proyecto para la creación de un Estado sionista sólo podía ser llevado acabo por medio de la fuerza, porque "toda la población árabe está abiertamente en contra del proyecto sionista". Por lo tanto, los dos miembros de la comisión recomendaban que la idea de creación de una entidad judía en Palestina fuera abandonada y se controlara estrictamente la emigración de judíos hacia la región. Sin embargo, debido a su rechazo a las tesis sionistas, el informe de la Comisión KingCrane fue retirado de la circulación hasta diciembre (le 1922, fecha en la que ya se había constituido el mandato británico, que proporcionó a Gran Bretaña la oportunidad que necesitaba para poner en práctica la declaración Balfour y comenzar la judaización de Palestina.

Si el Reino Unido hubiera tenido en cuenta los deseos del pueblo palestino, eso hubiera ahorrado a la región muchas décadas de sufrimiento y tumultos. Sin embargo, resultó claro que las autoridades británicas tenían más interés, en facilitar la labor de los sionistas que en respetar los deseos de los propietarios legítimos del territorio de Palestina.

Tras los disturbios habidos en Jerusalén (1920) y Jaffa (1921) fueron creadas otras dos comisiones de investigación (la Comisión Palin y la Comisión Haycraft). Estas comisiones resaltaron en sus respectivos informes el profundo descontento que existía entre la población árabe y la necesidad de actuar para impedir una seria catástrofe.

En el contexto de la actual Intifada cabe recordar el trabajo de otras dos comisiones más, cuyos informes tuvieron una repercusión más amplia y duradera. La primera fue la Comisión Internacional establecida por el gobierno británico en 1930, y aprobada por el Consejo de la Liga de Naciones en 1931. Esta comisión nació poco después de un intento, realizado por colonos judíos, de cambiar el estatus del Muro Occidental de Jerusalén. Dicha acción dio lugar a graves enfrentamientos, que produjeron cientos de muertos. La Comisión Palin dictaminó que los palestinos eran los legítimos propietarios del Muro, y que éste formaba parte del Haram ash‑Sharit; es decir la zona de Jerusalén donde se encuentra la Explanada de las Mezquitas. Precisamente, la provocación de Sharon al visitar estos lugares santos el pasado mes de septiembre fue el detonante de la actual Intifada.

La segunda comisión de investigación, la llamada Comisión Haycraft, fue establecida en 1982 y tenía como fin el investigar las violaciones israelíes del Derecho Internacional durante su invasión contra el Líbano en aquel año. Tras examinar lo, hechos sobre el terreno, lo comisión recomendó que "las Naciones Unidas establezcan un tribunal internacional que lleve a cabo investigaciones y procese a los individuos que están acusados de crímenes de guerra. en especial aquellos que están relacionados con las masacres de Shabra v Chatila". Naturalmente, el primer nombre de esa lista de criminales tic guerra era Ariel Sharon, entonces ministro de Defensa israelí. Una vez más, si la comunidad internacional hubiera seguido estas recomendaciones, las cosas- especialmente lo que su refiere a la presente situación-, habrían sido distintas.

Poco después del estallido de la actual Intifada, otras dos comisiones de investigación fueron enviadas a los Territorios Ocupados. Mary Robinson, la Alta Comisionada de la ONU para los Derecha Humanos y antigua presidenta de Irlanda encabezó la primera de ellas, mientras que el ya citado George Mitchell hizo lo propio con la segunda.

A pesar de que la ONU fue quien encargó la investigación a Mary Robinson, su informe recibió muy poca atención de los gobiernos occidentales y los medios de  comunicación internacionales, lo cual contrastaba agudamente con la expectación levantada por el informe Mitchell.

La explicación para esta aparente contradicción es que el informe Mitchell dedica su atención a los asuntos de la seguridad, mientras que el de la Comisión Robinson hace referencia a los abusos contra los derechos humanos. El informe Robinson mostraba a las claras una condena a Israel por violar las más elementales normas del Derecho Internacional sobre derechos humanos: "La actuación de las fuerzas de ocupación israelíes en los pasados acontecimientos sugiere que su política oficial es la de disparar a matar o para causar serias heridas a los cuerpos".

Poco después de la publicación del informe, Mary Robinson decidió súbitamente no concurrir para un segundo mandato al frente de la Comisión de Derechos humanos de las Naciones Unidas. Así mismo , se produjo en esas fechas la expulsión de EEUU de la citada Comisión, donde no sentaron nada bien las duras críticas de la delegación norteamericana contra el informe y la labor de la Alta Comisionada.

Cuanto más se lee el informe Robinson lo contrasta con el de la Comisión Mitchell, más fácil resulta comprender por qué el primero ha sido ignorado, mientras que el segundo ha recibido la atención de los principales medios de comunicación mundial y los gobiernos occidentales. Mientras que el informe Robinson declara categóricamente que "estas protestas (de los palestinos) son el resultado natural de las políticas ilegales de Israel y de las medidas que éste último ha tomado en los Territorios Ocupados, incluyendo Jerusalén Este", el informe Mitchell, señala: "No somos un Tribunal ...No se nos ha pedido que determinemos la culpabilidad o inocencia de los individuos y las partes (implicados)".

En lugar de exigir la retirada israelí de todos los territorios ocupados en I967,tal y como estipulan las resoluciones de la ONU,el informe Mitchell recomienda que el Ejército israelí se retire a las posiciones que ocupaba el 28 de septiembre de 2000.cual reduciría el número de puntos de fricción y la posibilidad del estallido de confrontaciones violentas".

El informe Mitchell hace, además llamamiento a la ANP para que "impida que los tiradores que utilizan las áreas palestinas disparen contra las áreas israelíes y las posiciones del Ejército israelí". Sin embargo, la Comisión Mitchell no pide, de igual manera, a Israel que detenga su "excesivo, desproporcionado e indiscriminado uso de fuerza", tal y como menciona en el informe Robinson.

La Comisión Mitchell no exige tampoco el fin de las agresiones de los colonos, pese a que en el informe Robinson se señal, que "la violencia de los colonos es una parte de la campaña de terror contra el pueblo palestino, que está siendo llevada a cabo con la protección y complacencia de los oficiales israelíes... Los colonos se benefician del apoyo político y logístico del gobierno de Israel y operan con la cooperación y el respaldo de las fuerzas de ocupación. Sus violaciones de los derechos humanos de la población palestina abarcan desde ataque sistemáticos a las propiedades palestinas incluyendo tiendas y huertos, hasta el asalto contra los civiles, causándoles diversas heridas o la muerte".

Así pues, en lugar de exponer los hechos y mostrar al mundo cómo la dilatada ocupación israelí de los territorios palestinos ha perpetuado los actos de  crueldad y la destrucción de vidas y propiedades palestinas, el informe  Mitchell reduce toda la cuestión a la afirmación simplista de que existen "dos pueblos orgullosos" que "comparten una tierra un destino". Esto no es más que una grave distorsión de los hechos. La realidad es que existe un pueblo que está ocupando la tierra de otro. La ONU recompensó en su día a los judíos europeos y americanos recién llegados a Palestina con el 56% de esta tierra. Éstos ocuparon por la fuerza de las armas otro 22% en 1948 y el 22% restante en 1967. Hoy, sin embargo, rehúsan devolver al pueblo despojado sus derechos sobre este último 22%. Éstos son los hechos básicos. La falacia del informe Mitchell es que pretende convencer de que son  las "reclamaciones enfrentadas" de “ dos pueblos orgullosos" las que han llevado al actual conflicto.

También es una manipulación el hablar, tal como hace el informe Mitchell, de que ambos pueblos "comparten un destino". No existe ningún grado de igualdad o de asociación entre palestinos e israelíes. Un pueblo, el palestino, está luchando por  su libertad. El otro, el israelí, pretende sojuzgar al anterior, expoliar sus derechos e imponerle su voluntad. Con el apoyo de EEUU y algunos otros países que componen la así llamada "comunidad internacional" los israelíes se han arrogado el derecho de determinar si los palestinos han de tener o no un estado, qué tipo de estado tendría que ser y quién debería vivir en él.